Violencia obstétrica en México

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Cada vez que el tema de la violencia obstétrica es abordado en programas de opinión y debate con la participación de funcionarios públicos y directivos de hospitales, poco o nada, se menciona sobre los lineamientos internos o metas en salud reproductiva que desde los departamentos de estadística se imponen a los empleados y prestadores de servicios en salud.

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Luz María llevaba tres horas en la sala de labor de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de su localidad. Estaba dando a luz a su primer hijo y el dolor era insoportable. Había hecho intentos por llamar la atención de alguno de los médicos que se encontraban al cuidado de la sala, pero ninguno de ellos le dirigía la mirada. Cuando finalmente se acercó una doctora, Luz María solo alcanzó a decir. “¡Por favor, doctora! Póngame algo para el dolor”. La doctora revisó su expediente: “Aquí dice que no se quiere cuidar con nada para evitar embarazos en el futuro”, “Mi esposo me cuida doctora, ya les dije”, “Mira, el anestesiólogo solo le pone analgesia a las que se van a poner el dispositivo intrauterino (DIU). Si quieres medicamento para el dolor me tienes que firmar que te lo pones”. Desesperada, Luz María firmó la autorización y recibió la epidural.

Si bien el término de violencia obstétrica (VO) es ampliamente usado y conocido en nuestro país, y su primera mención data de 1827 (en una publicación en inglés); su reconocimiento como un problema de salud pública es relativamente reciente. Apenas los primeros años del siglo XXI. Fue por este periodo que se definió la VO como un tipo especial de violencia que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico y psicológico a la niña o mujer durante el embarazo, parto o post parto.

Desde entonces múltiples organismos gubernamentales y no gubernamentales se han dado a la tarea de normar conductas y lineamientos dirigidos a disminuir la incidencia de estos actos en los hospitales. Desgraciadamente, estos no han tenido el impacto que se busca. ¿Cuál es el motivo?

La VO comprende dos ejes. El personal, idiosincrático o cultural. Este es el más obvio. El más visible. Cuando la paciente se topa con el médico que no debió ser médico o,  al menos, ginecólogo. Aquí se encuentran también todas esas personas (hombres o mujeres, si, también hay mujeres) cuya calidad de trato se ve matizada y teñida por prejuicios de sexo, raza o estrato social. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), recomienda talleres de sensibilización en violencia y derechos humanos para resolver esta situación.

Pero ¿qué sucede cuando la VO es integrada al sistema de salud que nos atiende? El segundo eje en la violencia obstétrica es el institucional. Un eje que no tiene nada que ver con prejuicios, odios o afectos. Sino con una visión patriarcal del gobierno sobre la dimensión reproductiva de la mujer. Cuántos hijos debería una mujer de tener. Con qué intervalo. A través de qué medio, entre otras cuestiones.

Es este eje, este motor, el que dispone las constantes presiones que las pacientes sufren durante su paso por una institución de salud pública. Situaciones como la descrita al inicio de esta nota y muchas otras. “Ok, te voy a hacer cesárea. ¡Pero no te voy a pasar de oquis al quirófano! Firma para que te haga la salpingo también…”.  Cada vez que el tema de la VO es abordado en programas de opinión y debate con la participación de funcionarios públicos y directivos de hospitales, poco o nada, se menciona sobre los lineamientos internos o metas en salud reproductiva que desde los departamentos de estadística se imponen a los empleados y prestadores de servicios en salud. Por ejemplo, mantener un índice de nacimientos por cesárea por debajo del 30 por ciento, cumplir con una meta de 200 colocaciones de DIU al mes, por dar un ejemplo.

A pesar de la antigüedad de la VO, las acciones destinadas a combatirla en nuestro país tienden a producir un pobre impacto en su resolución, ya que se enfocan en el factor humano, en la base de la pirámide laboral. Médicos y enfermeras.

Se debe exigir a nuestros funcionarios públicos un enfoque integral, que provoque la revisión y actualización de políticas públicas en materia reproductiva, y traducir esto en lineamientos y normas prácticas que protejan los derechos humanos de las pacientes durante su paso por una institución de salud. De igual manera se han de fiscalizar los recursos destinados al sector salud. Evitar fugas, desvíos y mal aprovechamiento de estos.

Solo atendiendo la totalidad de los frentes que conforman este problema podremos lograr que las mujeres de nuestro país, perciban la llegada de un nuevo miembro a la familia como un suceso milagroso, y no, como una experiencia martirizante.

Ovidio Montes Aguilar

Médico Especialista de profesión con más de 20 años de experiencia. Tutor Académico de la UDEM para la Carrera de Médico Cirujano y Partero. Escritor independiente por afición y amante de los buenos debates, porque no existe peor postura que la “políticamente correcta”. Si queremos cambiar al mundo, hablemos de las cosas que nadie quiere hablar.