Nuevo León, hacer historia o ser cómplices de la corrupción

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En la dependencia en la que yo trabajaba se estableció la cuota de entre 20 y 25 firmas por empleado o empleada; hablaron en privado con cada quien y nos “invitaron” a descargar en el celular la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE), o si se prefería, podían llevar copias de las credenciales de elector y estas serían registradas por el superior inmediato.

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El 7 de junio de 2015 los neoleoneses hicieron historia al elegir como gobernador a un candidato independiente. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, ganó con el 48.82 por ciento de los votos emitidos; fue la elección con mayor participación ciudadana en el estado, reflejaba el hartazgo social y la esperanza de un cambio. Pero rápidamente todo pasó de un cuento de hadas a una gestión que ha tenido más desaciertos, promesas sin cumplir y escándalos de corrupción de lo que cualquier neoleonés pudo haber imaginado.

El caso más emblemático, y que hoy pone en riesgo la continuación de su mandato, fue el desvío de recursos públicos para su aspiración presidencial en el 2018. Utilizaron a servidores públicos para recabar firmas y así obtener su registro como candidato; esto no me lo contaron ni lo leí en los periódicos: lo viví como empleada de gobierno.

A mediados de noviembre de 2017, comenzó a rondar por los pasillos de las oficinas del gobierno el rumor de que quien no apoyara con las firmas, no se le pagaría el aguinaldo o incluso lo despedirían. En la dependencia en la que yo trabajaba se estableció la cuota de entre 20 y 25 firmas por empleado o empleada; hablaron en privado con cada quien y nos “invitaron” a descargar en el celular la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE), o si se prefería, podían llevar copias de las credenciales de elector y estas serían registradas por el superior inmediato.

Fui la única de la dependencia que se negó a hacerlo y le pedí a la jefa de coordinación que me informara si habría represalias, para prepararme y defender mi postura ante quien fuera necesario así como mi rechazo a formar parte de un gobierno corrupto; no hubo tales consecuencias. Un mes después renuncié y me fui creyendo que eran demasiado torpes por pensar que podrían hacer esa artimaña sin ser descubiertos, el tiempo me dio la razón.

El 21 de junio de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que 572 funcionarios y funcionarias estatales violaron la ley al momento de recabar firmas en horario laboral durante 120 días; igualmente, se comprobó que se llevó a cabo un esquema de triangulación de recursos. Determinaron que el Bronco debía pagar una multa de 377 mil pesos y, además, ser sancionado por el Congreso local, junto con el Secretario de Gobierno, Manuel González, que en aquel momento era gobernador interino. Sin embargo, trece meses después el Congreso sigue sin acatar la orden del Tribunal, por lo que se ha hecho acreedor a un ultimátum, por así decirlo, para cumplir con dicho ordenamiento: tiene hasta el próximo 20 de diciembre, que es cuando termina el siguiente periodo ordinario de sesiones, para decidir cuál será el castigo que ambos se merecen.

Mientras que el Bronco da patadas de ahogado alegando que el Congreso no tiene facultades para sancionarlo, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, promovió mediante un escrito que se deje de dar vueltas al asunto en el Congreso y que se cumpla la ley, él pide una multa económica de 80 millones de pesos y la destitución. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos la sanción puede ser apercibimiento, amonestación, sanción económica, destitución e inhabilitación. 

Esta es una oportunidad histórica para los diputados, pues si eligen un castigo laxo se convertirán en cómplices y terminarían de hundir al estado en la impunidad; pero si votan una sanción ejemplar pondrían a Nuevo León nuevamente como un ejemplo democrático en el país.

Como testigo de ese acto deshonesto y corrupto, yo creo que ameritan sanción económica, destitución e inhabilitación. Usted, ¿cuál cree que sea el castigo que merecen por infringir la ley? Ojalá que no tengamos que esperar hasta el 20 de diciembre para saber el futuro del primer gobierno estatal independiente del país.

Ana Muñiz

Politóloga de profesión y preguntona por vocación. Me gusta investigar, platicar con la gente y escribir lo que descubro. Leo, corro y hago yoga para divertirme.