La promesa de Olga

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El horizonte es que las mujeres que así lo deseemos, podamos acceder a la interrupción de un embarazo no deseado de forma segura y gratuita como lo que es: un servicio de salud y un derecho. 

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Lo voy a decir lo más claro posible: mi voto por Andrés Manuel López Obrador fue realmente un voto por Olga Sánchez Cordero.

Desde sus tiempos en la Suprema Corte de Justicia, la ex-ministra promueve la despenalización del aborto como un tema de justicia social. Sabe que son las mujeres más pobres, con menor acceso a la educación formal y al sistema de salud las que terminan criminalizadas, cumpliendo penas, algunas, por abortos espontáneos o sin haber entendido su sentencia.

Cuando emitió la sentencia de constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, lo dejó claro: “ningún derecho es más básico que el derecho a la vida, pero nada es más devastador que la vida sin libertad, y eso es una vida en la que una se ve forzada a una maternidad que no quiere”.

Una propuesta a la que recurre la Secretaría de Gobernación desde la campaña es el código penal unificado, que de hecho fue un acuerdo del Pacto por México del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En la mañanera del 6 de marzo de este año reafirmó su postura –”este es un tema de violencia de género, es un tema de discriminación, es un tema de meter a las mujeres a prisión”–y dejó entrever que MORENA, mediante su mayoría en el Congreso de la Unión pudiera encaminarse a trabajar en el Código Penal Único y con esto, conseguir la despenalización del aborto y unificar el tipo penal de feminicidio. Durante un foro en mayo del presente año, diputados y diputadas de distintos partidos se mostraron a favor de impulsar este cambio.

La inclusión de mujeres privadas de la libertad por interrupción de embarazo en la iniciativa de Ley de amnistía, también es una señal de voluntad política, aunque contempla limitaciones al aplicar únicamente al fuero federal y se anula en casos de reincidencia, como afirma Cristina Reyes en Animal Político. 

Mientras tanto, el presidente continúa manteniéndose al margen en los temas que tienen que ver con violencia o derechos de las mujeres. Unos días (como hoy) desata la furia sugiriendo una consulta, otros le da la palabra a la ex-ministra o a la titular del INMujeres, Nadine Gasman.

El camino hacia la legalización se antoja todavía largo. La despenalización sería el primer paso, pero como en el caso de Ciudad de México, se necesitan políticas de salud integrales para garantizar que no sólo no nos metan a la cárcel, sino que ninguna mujer llegue a morir por un aborto.

No soy experta en salud ni en derecho, pero soy preguntona y para entender un poco lo que implica me acerqué con un experto en Políticas Públicas de Salud y una experta en Derechos Humanos de las mujeres. 

En resumen, la Ley General de Salud no contempla el aborto dentro de los temas que legisla. El Código Penal de cada estado es el texto en donde se consideran “sanciones” para aquellos profesionales de la salud que practiquen abortos o mujeres que se realicen el procedimiento. 

Por lo tanto lo que se nos presentan son 2 vías:

Reforma a todos los códigos penales de los estados y/o crear un código penal único (unificado) que establezca de forma clara que no se tendrán sanciones para las mujeres ni para los profesionales de la salud que participen, siempre y cuando la voluntad de la mujer sea clara y no impuesta.

Adicionar a la Ley General de Salud el tema de Interrupción del Embarazo, para que sea un servicio de salud que se le pueda ofrecer a las mujeres que lo soliciten. 

Un detalle importante es que ninguna de estas reformas/adiciones representa un cambio a la Constitución, por lo que se podrían hacer con una mayoría simple en el Congreso Federal. El problema, como siempre, vuelve a caer en la armonización estatal y en la implementación libre de discriminación, como ha sucedido con la NOM-046, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

El horizonte es que las mujeres que así lo deseemos, podamos acceder a la interrupción de un embarazo no deseado de forma segura y gratuita como lo que es: un servicio de salud y un derecho. 

La primera batalla ganada es que el aborto está en el debate público, está ya en las calles que este fin de semana se volverán a inundan de pañuelos verdes y en las sobremesas familiares. El discurso espiritual sobre el derecho a  la vida ya no es la única postura: estamos hablando de prevención de embarazos, de justicia social, de violencia sexual, del sistema penal, de ampliación de los derechos humanos. El aborto está en las casas, se realiza de forma segura en todo el territorio nacional gracias a mujeres, colectivas, organizaciones civiles y fondos internacionales a favor de la justicia reproductiva. 

Doce años de experiencia de la ILE en Ciudad de México nos dan hoy los datos para impulsar la legalización con fundamento social y de salud pública: Las mujeres de todos los estados están abortando en CDMX. Las mujeres que abortan más de una vez son las menos. La mayoría ya son madres. Es más seguro abortar que dar a luz. Los riesgos a la salud (física y mental) son menores.

En realidad, Olga no tiene la facultad de legislar para que esto suceda, pero el partido que la llevó a la Secretaría de Gobernación y que hoy ostenta el poder en la Cámara de Diputados y de Senadores, así como en 19 congresos locales (como el de Oaxaca), sí lo tiene. ¿Que hay otras prioridades? Entonces que lo digan de una vez y no salgan con la excusa que los temas difíciles se tienen que consultar. Por el bien de todos, primero los pobres ¿o eso no incluye a las mujeres, señor presidente?

Alejandra del Toro

Me apasiona la comunicación, el diseño gráfico y la política. Flor de pavimento y feminista porque no hay de otra. Sueño con una ciudad para todas las personas. Integrante de Wikipolítica Nuevo León.