La corrupción sigue sin barrerse

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Así, resulta sorprendente que la Cuarta Transformación -cuyos senadores llevan ya 8 meses en funciones-, se abstenga de designar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que habían de constituir la pieza culminante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para sancionar actos de esta naturaleza.

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“Vamos a limpiar al gobierno de corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo”. Esta frase fue repetida sin descanso por AMLO durante su campaña presidencial, en spots publicitarios, debates, entrevistas, apariciones públicas, en toda ocasión.

El nivel de México se mantiene en caída en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, en cuyo reporte de 2018 ocupó el lugar 138 de 180 países evaluados, siendo el país peor valorado de entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el último, junto con Rusia, entre los integrantes del G20.

Así, resulta sorprendente que la Cuarta Transformación -cuyos senadores llevan ya 8 meses en funciones-, se abstenga de designar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que habían de constituir la pieza culminante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para sancionar actos de esta naturaleza.

Este Sistema nació en mayo de 2015, a través de una reforma constitucional, atendiendo a estándares internacionales de medidas para prevención y combate a la corrupción. Su objetivo es la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Para ello cuenta con tres comités -Coordinador, de Participación Ciudadana y Rector- y con los Sistemas Locales Anticorrupción, así como con el apoyo institucional de distintas dependencias para un combate transversal y multidisciplinario de la corrupción.

Una institución de apoyo que se designó como piedra angular de este sistema es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que constituye una instancia especializada y completamente autónoma -no depende del Poder Judicial- el cual históricamente ha sido el encargado de estudiar las faltas administrativas de los servidores públicos y de juzgar la legalidad de las sanciones que los órganos de control interno de cada dependencia imponían al respecto.

Por ello, se estableció que había de integrarse una Tercera Sección en la Sala Superior del TFJA y cinco salas especializadas dedicadas exclusivamente a estudiar y resolver los casos de corrupción que el SNA pretende combatir, es decir, habían de designarse 18 magistrados especializados para sancionar a los responsables en esta materia y, por primera vez, se les concedió la facultad no solo de decidir si son legales o no las sanciones que imponen internamente las dependencias, sino de imponerlas directamente, tratándose de faltas graves.

La propuesta de los referidos magistrados “anticorrupción” fue enviada al Senado por Peña Nieto desde abril de 2017 pero a la fecha, dos años después, sigue sin haber rechazo o designación de los mismos.

Es tal la relevancia de esa inacción que el Comité de Participación Ciudadana del SNA interpuso un amparo doliéndose de la falta de designación de los magistrados anticorrupción y este abril el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa correspondiente resolvió -en sentencia de cumplimiento obligatorio- que el Presidente y el Senado deben retomar y concluir el proceso de designación de dichos magistrados.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, manifestó al efecto: “No habrá magistrados, los 18 de las salas. No habrá” “El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó. Es una iniciativa con mucha burocracia. Hubo una gran expectativa, (pero) lo cierto es que no funcionó. No ha funcionado y no ha habido un solo caso (en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa)”. Así justifica la omisión de cumplir con su responsabilidad argumentando que no ha habido casos de éxito, cuando es imposible que existan cuando la operatividad del SNA está truncada precisamente por la falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción.  

De esto podemos concluir que el combate a la corrupción no es realmente un tema prioritario de la Cuarta Transformación pues abiertamente y sin justificación válida se niegan a designar a los magistrados que podrían sancionar conductas corruptas de la actual administración. Además del total desdén que este legislador manifiesta hacia el Estado de Derecho y el Poder Judicial, pues el cumplimiento de la resolución constitucional es obligatorio  y no está sujeto a la opinión o postura ideológica de la autoridad que lo tiene que cumplimentar.

Sin voluntad de designar a los juzgadores que han de sancionar la corrupción ¿cómo pretenden barrer las escaleras? ¿cómo podemos creer que les importe? 

Daniela Méndez

Abogada. Feminista. Sueño con un mundo donde la desigualdad de género se haya convertido en una anécdota histórica, increíble e inaudita para las niñas.