Eufemismos del privilegio, nos cuestan caro 

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El bono de gestoría es, dejando de lado el burdo eufemismo, un esquema, aparentemente legal, para desviar recursos, argumentando que su uso es para atender necesidades reales de las comunidades vecinales a quienes las personas legisladoras representan.

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La defensa de privilegios adquiridos usualmente está construida alrededor de eufemismos. Uno de estos es el llamado “bono de gestoría”, evasivo apelativo para el dinero que año con año reciben las bancadas de los partidos políticos directamente del presupuesto del Congreso de Nuevo León. En los catorce meses que lleva la actual legislatura, este monto ha llegado hasta los 78 millones 204 mil pesos. 

Son más de 5 millones de pesos al mes los que las propias bancadas en el Congreso se han autorizado para utilizar de forma discrecional y opaca, es decir, sin apegarse a criterios de control o evaluación del gasto ni a estándares de transparencia que desglosen cómo, cuándo y en qué se utilizan. Es justo esta carencia de reglas para su uso lo que permite que sea aprovechado como privilegio individual para cada persona legisladora o a beneficio del partido con cuya maquinaria lograron llegar al cargo. 

Habrá excepciones honrosas a la regla, pero lo cierto es que la evaluación del gasto del presupuesto que viene del cobro de impuestos debe ser con base en la regla y no a la excepción. Con la información publicada este fin de semana por el periódico El Norte, tras recibir por medio de solicitud de transparencia las facturas correspondientes al mes de enero 2019, queda demostrado que la regla es que los más de 78 millones de pesos gastados han sido para promoción de imagen personal, uso de redes sociales, capacitaciones de coaching, vales de gasolina o asesoría jurídica en su beneficio personal o del partido. 

El uso discrecional del dinero público está limitado con base en la ley. Los presupuestos de agencias, secretarías e inclusive organismos descentralizados, deben ser respaldados con base en objetivos, indicadores y actividades que deben ser desglosadas para su operación. 

Sin embargo, en el Congreso son los primeros en romper con estos parámetros para el gasto. El bono de gestoría es, dejando de lado el burdo eufemismo, un esquema, aparentemente legal, para desviar recursos, argumentando que su uso es para atender necesidades reales de las comunidades vecinales a quienes las personas legisladoras representan. ¿No les bastan a los partidos políticos locales los 216 millones 443 pesos que recibieron este año por parte de la Comisión Estatal Electoral para cumplir con sus funciones? 

Sin criterios para justificar este gasto, no hay alternativa más coherente que impulsar la eliminación de estas partidas dentro del presupuesto anual del Congreso y asegurar la reorientación de ese gasto. ¿No serían más útiles esos recursos aprovechados en financiar un trabajo de capacitación para que las vecinas y los vecinos tengan mayor capacidad de organización?, con espacios dignos de reunión, con materiales y equipo suficiente para realizar directamente las tan presumidas gestiones sociales que supuestamente realizan hoy en día las personas legisladoras. 

Al ser este un beneficio adquirido, sabemos que las personas legisladoras no impulsarán por cuenta propia su eliminación. Una vez más, queda solo la ventana de oportunidad de presionar desde las comunidades vecinales organizadas y la sociedad civil, que pare esta práctica opaca y engañosa para que se vea sin eufemismos como lo que es realmente: la ordeña pesudolegal del presupuesto legislativo para uso de los partidos políticos locales y sus bancadas.  

Roberto Alviso

Nómada en abstinencia viviendo en Monterrey. Le hago al análisis político y a la comunicación. Devoto de lo público y escéptico de lo privado. A veces, cuento historias para entenderme, otras ni yo me entiendo. Colaboro en Renace y siembro comunidad en Raíces Nuevo León. En Twitter me encuentras como @Robalviso