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Confinamiento y derechos

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Dice Consuelo Bañuelos, presidenta de Promoción de Paz, que no debiéramos pensar que “se terminó el problema” cuando una persona es encarcelada. En realidad, ahí comienza todo.

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En un país con tantas desigualdades como México los primeros en sufrir los estragos de la restricción al libre tránsito han sido los grupos que siempre han sido vulnerables, por ejemplo, mujeres y niños que sufren violencia doméstica o el grueso grupo que conforma la economía informal. Sin embargo, conforme pasan las semanas, incluso ese privilegiado grupo que cuenta con un hogar, que se siente seguro ahí y que puede mantener sus ingresos, ha comenzado a dar señales de estrés. Madres saturadas entre las tareas domésticas, el teletrabajo y las tareas escolares; personas al borde de crisis nerviosas, crisis de insomnio, desórdenes alimenticios.

La reflexión: a TODOS (ciertamente en diferentes grados) nos afecta el encierro. Hoy todos valoramos más que nunca la libertad. Estos días pienso mucho en todas las personas que están privadas de la libertad de manera permanente. ¿Será que estos días de vivir en carne propia una probadita de la vida entre cuatro paredes nos ayude a desarrollar más empatía por sus circunstancias? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013) señala que las décadas de desatención del problema carcelario por parte de los gobiernos regionales y la apatía de las sociedades han permitido que en los centros penitenciarios impere la violencia, la corrupción y la arbitrariedad.

Todos sabemos, al menos de oídas, que las cárceles de Nuevo León fueron siempre sucursales del infierno. En 2017 circuló en redes un video que mostraba cómo algunos reos en Apodaca eran obligados a limpiar el piso desnudos mientras recibían golpes e insultos. En la última década se hicieron públicos diversos episodios de escalada de violencia que incluyeron fugas grupales, incendios y matanzas masivas al interior de los penales de la entidad.

Me llamó la atención la pompa y platillo institucionales que enmarcaron el cierre de Topo Chico, pues el penal desapareció, pero no sus reos. En el marco de ese evento el propio gobierno favoreció una amplia difusión de las terribles condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato y falta de mantenimiento en las que se encontraba el centro. ¿Qué evidencia tenemos de que las condiciones son mejores en el resto de las cárceles? Si bien el moderno y ampliado reclusorio de Apodaca -al que fueron trasladados la mayoría de los reos- pareciera una excepción, aún son continuas las denuncias de violaciones a derechos humanos a personas privadas de la libertad en los otros centros. El capítulo penitenciario en el estado no debe cerrarse.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León publicó el Diagnóstico de la Situación Penitenciaria de Nuevo León 2018-2019,un documento que ilustra el deber ser de los centros penitenciarios y lo contrasta con las circunstancias documentadas en las cárceles del Estado. En él se ilustran las condiciones penitenciarias en materia de salud, educación, trabajo, deporte, infraestructura, seguridad y debido proceso y se recomiendan líneas de acción para salvaguardar la dignidad humana de los reclusos.

Algunos datos son escandalosos; por ejemplo, la falta de personal de seguridad y especializado. En el CERESO de Cadereyta se contabilizaron 5 médicos, uno por cada 375 personas privadas de la libertad. En todos los centros se reportó escasez de medicamentos tanto para padecimientos generales como de especialidad. Para el aseo personal, escasos centros reportaron si acaso la entrega de cepillos de dientes o pañales para adultos. En la mayoría de los centros estatales los reclusos dependen totalmente de los insumos que sus familiares les llevan, así que en esta cuarentena no tendrán una pizca de jabón, papel de baño o toallas sanitarias.

En estas condiciones seguirán ocurriendo las necesidades médicas recurrentes: infecciones, partos; y ¿qué pasará si hay contagios de COVID-19? Sería importante que las autoridades penitenciarias reportaran si han implementado las medidas sanitarias que la CEDHNL y organismos como CADHAC A.C. les sugirieron en el marco de la pandemia.

El reporte también apunta que, aunque es deseable que dentro de las cárceles haya actividad productiva, hay condiciones de explotación laboral: jornadas de más de 10 horas (en actividades de maquila principalmente), ausencia de vacaciones y otros puntos de incumplimiento con la Ley Nacional de Ejecución Penal. En materia de educación, se reportó que la mayoría de los internos sólo cuentan con estudios de primaria y secundaria y que en todo el sistema penitenciario no hay ningún convenio para fomentar la educación superior. El reporte abunda en cómo la mayoría de las estrategias de reinserción social son parcialmente cubiertas gracias al esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil, a pesar de ser obligaciones del Estado.

Dice Consuelo Bañuelos, presidenta de Promoción de Paz, que no debiéramos pensar que “se terminó el problema” cuando una persona es encarcelada. En realidad, ahí comienza todo. Coincido: a todos nos conviene que las cárceles sean verdaderos centros para la reinserción social. Si queremos una sociedad más empática, que busque el bien colectivo, que sepa enfrentar las crisis globales, tenemos que buscar que esos principios se repliquen en todas las instituciones. Hay que aprender a ponernos en los zapatos del otro.

Mariana Ramírez Padilla

Chilanga emigrada a Monterrey en 2019.Internacionalista; apasionada de los temas sociales y culturales de México.Estudiante de la maestría en Derechos Humanos en la UANL.